Panamá, (EFE).- La decisión del Gobierno panameño de ratificar la reducción de la edad penal mínima a los doce años ha atizado aún más el debate ya encendido en la región sobre si esa es la solución para luchar contra la criminalidad o un "nuevo retroceso" que desvía la atención de las causas de los problemas.

La disminución de la edad mínima penal es una realidad desde hoy en Panamá, tras la publicación el viernes de la nueva disposición, mientras en El Salvador los partidos de derecha e izquierda sellan una insólita alianza para tratar de saltar el veto del presidente, Mauricio Funes, al aumento de las sanciones a adolescentes.

Funes ha vetado por "inconstitucional" una medida sancionada por el Legislativo salvadoreño el 11 de febrero para que los jóvenes de entre 16 y 17 años puedan ser condenados a penas de hasta quince años por delitos graves.
Ahora el gobernante Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y el opositor Arena, que reclaman la medida como una "necesidad" ante el uso que hacen las pandillas de adolescentes para cometer delitos, tratan de reunir la mayoría cualificada para poder superar el obstáculo presidencial.

Con la decisión de disminuir la edad penal, Panamá se suma a Costa Rica en el establecimiento de los 12 años como la edad mínima en que los niños tienen que rendir cuentas ante la justicia penal.
Aunque en Costa Rica no hay prevista ninguna modificación, durante la reciente campaña presidencial el candidato conservador Otto Guevara propuso que los menores de entre 16 y 18 años que cometieran delitos contra la vida fueran juzgados como adultos.

La situación en la región es bien distinta. En Nicaragua, considerado el país con cotas más bajas de criminalidad, la edad penal mínima es de quince años, y a partir de esa edad los jóvenes pueden recibir penas de seis años en centros especializados.

Dos de los países con mayores problemas de delincuencia de pandillas, o maras, son Guatemala y Honduras, en los que la edad penal comienza a los 18 años.
En Guatemala han surgido iniciativas desde la oposición, como la del partido Encuentro por Guatemala y el Partido Patriota para disminuir a 15 años la edad penal, pero no han pasado de la propuesta y no hay ningún proyecto de ley en este sentido.

Tampoco lo hay en Honduras, donde los menores que delinquen no reciben tratamiento penitenciario sino que son enviados a centros de rehabilitación regidos por instituciones sociales del Gobierno.

A la espera de lo que suceda en El Salvador, el paso dado por Panamá es visto por expertos como una forma de "distraer la atención de lo que realmente el Estado debería estar haciendo" y un riesgo de volver "a un sistema previo a la Convención de los Derechos del Niño".

"A falta de poder dar una respuesta que pueda ser contundente a la ciudadanía un recurso que se ha utilizado es responsabilizar a los menores de ello", indicó a Efe la oficial de protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Panamá, Gloriana López.

López destacó que la participación de los menores de entre 12 y 14 años en Panamá en los delitos que se producen en el país es de menos del 1% y la los de menores de 17 años es menor que el 3%. "Es decir, en términos de criminalidad no tiene impacto, pero sí tiene mucho impacto en términos de protección de la niñez".

Además, recordó que se disminuye la edad penal, se aumentan las penas y el rango de delitos punibles, pero no se aumentan los recursos del Estado para poder atender a los jóvenes.

"UNICEF está sumamente preocupado por este nuevo retroceso y definitivamente ésa no es la respuesta que debería ser para la protección de la infancia y de los adolescentes", dijo, al subrayar que se está enviando un "mensaje equivocado a la ciudadanía".

"Cuando un niño toma un arma todo ha fracasado: la familia, la sociedad y la escuela", afirmó.

Pero para el ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, José Raúl Mulino, la defensa del sistema educativo frente al penal "es la poesía" y en la práctica hay que alejar al niño de la calle para defender a la sociedad.

"¿Es este sistema educativo que tenemos lo que va a mantener alejado de una penitenciaría o una calle al joven? ¿Es este sistema el que le va a proveer de un trabajo decente cuando se gradúe de la escuela? Este sistema educativo genera desempleo y clientelismo político", aseguró Mulino a EFE.

"A la sociedad hay que protegerla hoy día desde los 7 años, los otros los rescataremos como corresponda", agregó.

La disminución de la edad penal en Panamá se ha aprobado en momentos en que se ha abierto un debate sobre el modelo educativo y su falta de resultados y en que los dos últimos ministros de Educación están procesados por corrupción.

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