La situación de crimen e inseguridad que vive el país, tiene a la base veinte años de políticas de
seguridad pública equivocadas y populistas, expresadas materialmente en prácticas como:
a) La de enfrentar el problema exclusivamente con represión: Planes Mano Dura y Super
Mano Dura, Ley antipandillas, más y más cárceles.
b) La criminalización de la niñez y la juventud en situación de pobreza; sin considerar la
urgencia de una política integral de prevención de violencia; sistemáticamente fue negada
la posibilidad.
c) La de focalizar la violencia y la criminalidad exclusivamente en las maras y las pandillas,
una cortina de humo para esconder la criminalidad organizada, esa que se encubre en el
poder político y económico, sin tener en cuenta las posibilidades reales de que El Salvador
se convierta en un narco Estado. El Plan Colombia y el Plan Mérida, presionan la
criminalidad organizada hacia Centro América; algo que nunca se quiso tener en cuenta.
d) La desarticulación de la institucionalidad del Estado, una Fiscalía General de la República,
FGR, sin capacidad de conducir la investigación del delito, una Policía Nacional Civil, PNC,
sin formación en investigación científica; el Órgano Judicial frágil y cuestionado; una
Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, incapaz de comprender su rol y un Consejo
Nacional de Seguridad Pública, descoordinado de la política de seguridad, con impactos
mínimos.
¿Qué hacer entonces ante la violencia y criminalidad?
1. Debe darse vigencia inmediata al Informe de Seguridad y Paz, un reto de país: Recomendaciones
para una política de seguridad ciudadana en El Salvador, formulado en 2007 por la Comisión
Nacional para la Seguridad Ciudadana y Paz Social, nombrada por el entonces Presidente de la
República; al que de habérsele dado importancia en su momento, otra sería la realidad nacional.
La Comisión estuvo integrada de manera muy representativa por variados sectores económicos,
sociales y políticos del país.1
1 Doctor Juan Daniel Alemán Gurdián, Profesional; Elena Maria Lacayo de Alfaro, Empresaria; Cnl. José Antonio Almendariz Rivas, Diputado
Grupo Parlamentario por el Partido de Conciliación Nacional (PCN); Dr. Vicente Arturo Argumedo Marsicano, Diputado Grupo Parlamentario por
el Partido Demócrata Cristiano; Dr. César Augusto Calderón, Rector Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer; Ing. Federico Colorado,
Presidente Asociación Nacional de la Empresa Privada; Padre José Maria Tojeira S.J, Rector Universidad Centroamericana (UCA); Pastor
Mauricio Navas, Representante de las Iglesias Evangélicas; Monseñor Jesús Delgado, Iglesia Católica; Dr. David Escobar Galindo, Rector
Universidad Dr. José Matías Delgado; Lic. Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Diputado Grupo Parlamentario por Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA); Dr. Oscar Abraham Kattán Milla, Diputado Grupo Parlamentario por Cambio Democrático (CD); Lic. Benito Lara,
Diputado Grupo Parlamentario por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Lic. José Mauricio Loucel, Rector Universidad
Tecnológica.
2. El combate a la violencia y a la criminalidad debe ser integral por lo menos en dos sentidos:
2.1. EL INSTITUCIONAL: Se debe garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones del
Estado encargadas de la Seguridad Pública; no solo la PNC es la responsable:
a) La FGR, debe asumir su rol de conducir la investigación del delito; debe presentar casos
robustos a los tribunales de justicia que permitan que se castigue a quien ha cometido
delito; debe bajarse el nivel de impunidad que hay en el país.2 Esto pasa por la ineludible
necesidad de hacer investigación científica del delito. No se puede seguir teniendo en los
testigos, la única forma de prueba.
b) La PNC no debe hacer redadas, debe hacer capturas en flagrancia o a partir de indicios de
prueba que permita la captura de los responsables de la comisión de los delitos; deben
aprender a individualizar la responsabilidad de los delincuentes, a proteger la escena del
delito y a recabar efectivas pruebas de los delitos.
c) Los Tribunales de Justicia, recibiendo la prueba contra los delincuentes, deben hacer
justicia, evitando así la creciente impunidad y el mensaje de que cometer delitos en El
Salvador, no trae consecuencias a sus autores.
d) La Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, debe cumplir su rol, debería desde este
momento, declararse en sesión permanente; las circunstancias nacionales lo exigen.
e) El Consejo Nacional de Seguridad Pública debe buscar mecanismos de coordinación
efectivos con el Gabinete de Seguridad, con la Subsecretaria de Desarrollo Territorial y de
Descentralización, buscando mecanismos y resultados efectivos e inclusivos en prevención
de violencia.
2.2. EN CUANTO AL ABORDAJE DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DEL DELITO Y DEL
DELINCUENTE: La represión, la prevención y la inserción.
? Persecución y represión del delito: A quien comete un delito se le debe aplicar todo el
peso de la ley. Hay 97% de impunidad en materia de homicidios.
a) Se debe perseguir sin distingos a quienes cometan delitos; entendiendo que la
violencia y la criminalidad no "comienza y termina en las pandillas". Debe perseguirse y
reprimirse también el crimen organizado, la delincuencia común y la violencia intra
familiar.
b) Se debe dar inicio a un proceso serio y respetuoso del debido proceso legal, de
depuración de la PNC, la FGR, los Centros Penales y de los Tribunales de Justicia.
c) La empresa privada debe asumir con responsabilidad, el apoyo a la investigación del
delito, tal como participó en años anteriores, en el combate a los secuestros.
? Prevención del delito:
a) Énfasis en el control de armas de fuego y en las acciones de desarme. Más del 60% de
los delitos que se cometen con armas de fuego; no tomar esta decisión, afirma los
privilegios de las empresas proveedoras de armas, sobre la seguridad de la población.
b) Cambio de la lógica del enfrentamiento, por una política de seguridad ciudadana que
tenga como marco los derechos humanos. Se ha demostrado que las acciones de
2 Según la investigación del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, PNUD, de 2007, de cada 100 homicidios que se cometen en el país,
solamente 3 pasan todo el proceso judicial hasta ser condenados; es decir, hay un 97% de impunidad en materia de homicidios. Una realidad que
sigue siendo vigente.
fuerza han traído consigo más fuerza.
c) Participación social en la formulación de nuevas estrategias de prevención de la
violencia.
d) Reconocimiento de que las personas que viven en las comunidades y colonias
marginales, son sujetos de derechos.
e) La necesaria contribución de la empresa privada en la prevención e inserción de las y
los jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal.
f) Un presupuesto adecuado a las circunstancias de la inseguridad que vive el país, que
fortalezca a las diversas instituciones involucradas en la seguridad pública.
? La reinserción a la vida social y económica. Los centros penales deben convertirse en
verdaderos centros de readaptación de todas aquellas personas que han cometido delito y
se encuentran cumpliendo una pena. Ese círculo vicioso que se genera en los centros
penales, que educan en crimen, debe reconvertirse en la posibilidad real de que el
cumplimiento de una pena, genere un círculo virtuoso hacia la incorporación a la vida
económica y social del país.
En estas condiciones, los graves acontecimientos ocurridos el día 20 del mes en curso, en Mejicanos,
departamento de San Salvador, dicen de la impostergable necesidad de que se investigue a fondo a los
autores de estos execrables hechos criminales, que son sin duda actos de terrorismo; pero esta
investigación debe trascender a los autores materiales y buscar a los intelectuales, siguiendo por lo
menos dos líneas de investigación:
a) La criminalidad organizada, esa que trascienda las maras y pandillas.
b) La intención manifiesta de desestabilizar al gobierno. Debe tenerse como línea de
investigación, la posible acción deliberada de grupos encaminados a generar caos en el
país.
Sin duda que la FGR y la PNC deberían cuestionarse y por ende investigar ¿A quién conviene el negocio
de la criminalidad en nuestro país?
El señor Fiscal General de la República, debe superar sus temores históricos y asumir su responsabilidad
investigando lo que corresponde y a quiénes corresponde; no hacerlo, debería dar lugar a una
interpelación en la Asamblea Legislativa, por su actos omisivos en el cumplimiento del deber.
Es indudable, que a estas alturas de las circunstancias, se ha comprobado que sacar el ejército a las
calles con fines de seguridad pública y otorgarle atribuciones en la administración de los centros penales
ha sido un error técnico, pero también político; a las fuerzas armadas, no se les debe dar más poder que
el que constitucionalmente tienen asignado. La experiencia vivida en Honduras hace un año, debe servir
de ejemplo a nuestra incipiente democracia.
Es momento que construyamos un gran ALIANZA NACIONAL POR LA SEGURIDAD Y LA CULTURA DE
PAZ, donde nos involucremos con las instituciones del gobierno, la empresa privada, las iglesias, las
organizaciones sociales, el movimiento social y popular, las universidades; toda la población honesta, que
busca justicia y verdadera paz, seguro que somos la mayoría.
San Salvador, 22 de junio de 2010.

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